La Junta ultima medidas para simplificar los trámites en materia de vivienda protegida

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes un acuerdo por el que se procede a la apertura de los trámites de audiencia e información pública sobre el proyecto de decreto por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa en materia de vivienda protegida.

Desde la entrada en vigor del Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia, el régimen jurídico de la vivienda protegida en Extremadura no ha experimentado cambios.

Por este motivo, "es necesario acometer una modificación normativa que permita acomodar aquel régimen a la vigente realidad social y económica, que ha sufrido una profunda transformación, y las evidentes necesidades de simplificación administrativa que existen en esta materia", defiende la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

A la fecha de entrada en vigor de aquel decreto autonómico el mercado de compraventa de vivienda protegida había atravesado distintos ciclos, "pasando del estallido de la burbuja inmobiliaria a un proceso de recuperación".

Tras la pandemia, volvió a crecer, siendo ostensible a partir de 2021.

Cambios importantes

A lo largo de este período de tiempo el incremento de IPC ha sido notable, sobre todo en la anualidad 2022, lo que ha producido distorsiones en el precio máximo de compraventa de vivienda protegida existente, que se encuentra vinculado a dicho índice, así como a otras fórmulas complejas, que han venido alejando la actividad administrativa de la deseada celeridad y simplicidad.

Por otro lado, la Consejería ha defendido que el mantenimiento de distintos plazos de protección de vivienda protegida "ha traído consigo no solo inseguridad jurídica, sino también la necesidad de cumplimentar trámites administrativos que, a la postre, se han revelado estériles, como la comunicación de la enajenación de la vivienda e identificación del precio máximo de compraventa".

Estos tramites podrían incidir negativamente en el mercado inmobiliario, "ralentizando la comercialización de las viviendas", ha agregado.

"Debe hacerse notar en este punto que pese al sinfín de comunicaciones de enajenación de viviendas protegidas existentes que se reciben anualmente, hasta la fecha ha resultado insólito el ejercicio de los derechos reales de tanteo y retracto de que es titular la Junta de Extremadura", ha subrayado la Consejería de Vivienda.

Por todo ello, se considera "precisa" la redacción, aprobación y publicación de una disposición administrativa de carácter general que adopte la forma de decreto y que "introduzca medidas de simplificación administrativa en materia de plazo de protección, régimen de descalificación y precios máximos en segunda y sucesivas transmisiones de las viviendas protegidas".