Vox reprocha al PP su apoyo a los sindicatos: "Están más cerca de la izquierda que de sus propios votantes"

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, ha cargado contra el PP por su negativa a reducir las subvenciones nominativas a UGT, CCOO y la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex), tal y como ellos piden en una propuesta de ley que todo apunta que no saldrá adelante. "El PP prometió cambiar las cosas y no están cambiando nada, votará junto a sus socios del PSOE y la izquierda más radical para seguir regando de dinero público a los sindicatos de clase", ha afirmado.

En un comunicado, Fernández retiera que estas organizaciones sociales reciben "grandes sumas de dinero de todos los contribuyentes" pese a que "no trabajan y han vivido del derroche durante años". Vox defiende que las subvenciones nominativas que reciben deben reducirse "drásticamente" y considera que su propuesta de ley es un primer paso para acabar con lo que tildan de "privilegios injustificados hacia una estructura parasitaria".

Veto de la Mesa

Tras superar el veto inicial de la Mesa de la Asamblea, la propuesta podrá debatirse finalmente en el pleno después de que el Consejo de Gobierno autorizara este pasado martes su tramitación. Al respecto, Fernández apunta que el PP ya ha dejado claro que la conformidad se debe a una "obligación legal y no implica que la apoye". De hecho, la consejera portavoz, Victoria Bazaga, señaló incluso que tiene "visos de inconstitucionalidad".

Tras esta decisión, la formación de Santiago Abascal considera que el PP vuelve a alejarse de sus compromisos electorales, dejando pasar la oportunidad de poner fin al "despilfarro" de fondos públicos en los sindicatos. "Están más cerca de la izquierda que de sus propios votantes", afirma Fernández tras reiterar que Vox seguirá exigiendo cambios en la política de subvenciones y en la gestión de los recursos públicos en Extremadura.

"Satélites del PSOE"

Con su propuesta Vox pretende adaptar la legislación autonómica a la realidad social de los agentes con representación en Extremadura para eliminar "el monopolio" actual de CCOO, UGT y la Creex, a su juicio organizaciones "satélites de la izquierda y del PSOE" que además gozan de "ciertos privilegios económicos".

La Mesa de la Asamblea rechazó la iniciativa el pasado 11 de febrero, argumentando que afecta a competencias estatales recogidas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Estatuto de los Trabajadores. Una decisión que Vox recurrió presentando un escrito con alegaciones que fueron admitidas por el órgano de gobierno de la Cámara, dando curso a la iniciativa el pasado 25 de febrero.

La Mesa ordenó su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y su remisión a la Junta de Extremadura para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 del Reglamento de la Cámara, comunique conformidad o no a su tramitación a tenor del impacto presupuestario en el ejercicio en curso. Así, el Consejo de Gobierno manifiestó este martes su conformidad "al no suponer aumento de gastos ni disminución de ingresos".

Compromiso con la Constitución

Pese a esta decisión, Bazaga ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la legalidad vigente y la Constitución y defiende que autorizar la tramitación no implica que finalmente la propuesta de ley se vaya a aprobar. "La propuesta de Vox tiene a todas luces visos de inconstitucionalidad", afirmó en rueda de prensa la consejera portavoz, Victoria Bazaga. "Es muy sencillo. La mayor representatividad de los sindicatos viene establecida por una ley orgánica y no pueden ser las comunidades autónomas quienes modifican los porcentajes, alterando así la composición de los órganos que se derivan de ello", explicó.

Por este motivo, el Ejecutivo lamenta que la Mesa de la Asamblea "no haya impedido tramitar una cuestión cuya afectación a nuestra Constitución es tan evidente". Sin embargo, Vox defiende que la iniciativa hace referencia a la ley autonómica del año 2003 y entiende que "cumple escrupulosamente" con la legalidad. "Nuestra modificación en modo alguno interviene o interfiere con la norma estatal, simplemente con esa adaptación de la norma estatal al ámbito autonómico", puntualiza Óscar Fernández.