Los trabajadores sociales llevan años pidiendo más medios y protección

«En el sistema tanto de protección como de reforma de menores hay muchas carencias, pero tienen que pasar situaciones tan trágicas como el asesinato de Belén para que se tengan en consideración todas las demandas que llevamos años pidiendo». Quien habla es Inés Solomando, secretaria general del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura en el que están viviendo con especial tristeza y desolación los hechos ocurridos la noche del domingo 9 de marzo en un piso tutelado de Badajoz. «Lo estamos pasando muy mal todos los compañeros y compañeras que trabajamos en estos ámbitos, tanto de los centros de menores, de pisos tutelados, del Marcelo Nessi, de los programas de familia...».  

Los educadores sociales extremeños: "No vamos a permitir que ahora se estigmatice a nuestros niños"

Todos conocen de cerca una realidad con la que conviven a diario y sufren las carencias que tiene el sistema y por eso llevan años reclamando mejoras para poder ejercer sus funciones en las mejores condiciones posibles con el objetivo de que estos menores lleguen a tener una vida normalizada dentro cada uno de sus propias circunstancias, de las que también son víctimas.

Las reivindicaciones de los profesionales sociales son muchas en los últimos años, pero se pueden resumir en dos, más medios y más protección. Piden, por un lado, más recursos personales. «Al menos, debería haber un mínimo de dos personas en cada turno de trabajo en esos pisos, uno tendría que ser educador social y otro puede un auxiliar técnico educativo como era Belén, que estaba sola aquella noche», señala Solomando. Pero también considera necesaria la presencia de vigilantes de seguridad en esos hogares donde los menores cumplen medidas judiciales en régimen abierto, en este caso se trataba de una medida de convivencia en grupo educativo. «Hay seguridad en los centros de menores que son públicos y a veces incluso tenemos que acabar llamando al 091», destaca. 

Autoridad y peligrosidad

Esta protección que piden también pasa porque estos profesionales sean reconocidos como figura de autoridad, como son los profesionales de la salud o de la educación, y también por que se reconozcan las situaciones de peligrosidad a las que están sujetos en su día a día: «en muchas intervenciones que realizamos el perfil de los niños que nos llega es cada vez más complicado; son menores que vienen muy dañados, con una mochila muy cargada a su espalda, y que tienen más problemas de salud mental, de adicciones y con problemas de conductas totalmente disruptivas», detalla. Y para atender esas situaciones, advierte que existe en la región una «red sanitaria muy débil», especialmente en cuanto a la salud mental infanto-juvenil.

Ocurre igual en el tratamiento de las adicciones: «Hay equipos y entidades que trabajan con menores con problemas de consumo a nivel ambulatorio pero no es suficiente, se necesitan comunidades terapéuticas y no hay ninguna pública para menores en la comunidad».

En el ámbito de la protección, reclaman también que se busque solución a lo que supone un conflicto de interés para la propia Junta de Extremadura: cuando algún profesional acaba presentando una denuncia contra algún menor que está tutelado por la administración, esta defiende siempre al menor y «nosotros quedamos al margen; a pesar de ser trabajadores públicos tenemos que pagarnos un abogado de nuestro bolsillo», explica. 

Formación en gestión de conflictos

Y entre otras demandas, los educadores sociales solicitan también una formación «obligatoria y continua en el tiempo» en la gestión de conflictos y en la desescalada de situaciones de violencia. Son reclamaciones para todos los profesionales que trabajan con los menores que están tanto en sistema de protección por problemas en sus entornos familiares como de reforma, que son aquellos que cumplen medidas judiciales impuestas por la justicia, como los presuntos asesinos de Belén. Porque en ambas situaciones hay carencias, menores con problemas y condiciones laborales y salariales que son «precarias» y que en ocasiones hace que los profesionales cambien con frecuencia, «lo que perjudica también la atención del menor porque a estos les cuesta mucho vincularse y cuando lo consiguen el compañero se va a otro recurso porque tiene mejores condiciones», lamenta.

Y en esto, apunta Solomando, también influye que algunos de estos recursos, como los pisos tutelados, están externalizados y son gestionados por empresas privadas con fondos públicos. «Aunque sigue habiendo carencias en los recursos de la administración, las condiciones de los trabajadores son mejores que cuando están en manos de empresas privadas», defiende. 

Manifestación en Badajoz el 22 de marzo por el asesinato de la educadora: "Belén somos todos y todas. ¡Basta ya!"

Una gran manifestación el sábado en Badajoz

La secretaria del colegio recuerda que el próximo sábado, 22 de marzo, llevarán a cabo una manifestación en Badajoz (saldrá a las 12.00 horas de la plaza de España) de repulsa por el asesinato de Belén y para reclamar mejoras para estos profesionales.

De hecho, la convocatoria no está organizada solo por los educadores sociales, sino que es fruto de una mesa de trabajo que ha unido tras la tragedia a otros colegios profesionales de la región como el de psicólogos y de trabajo social, así como a distintas asociaciones profesionales de integración social, a la plataforma de los programas de familia y a diferentes centrales sindicales de la región. "Será una manistación sin banderas ni logos, ni de las entidades ni de los sindicatos". Tras la marcha, se leerá un manifiesto en el que expondrán su situación y sus demandas para que hecho tan trágicos no vuelvan a suceder.