Los fiscales velarán por que las agresiones a los sanitarios se castiguen como delitos penales

Los fiscales de Extremadura vigilarán exhaustivamente los casos de agresiones a los profesionales sanitarios que se registren en la región con el objetivo de que estas conductas sean castigadas como delitos penales y no como faltas, como recoge el Código Penal, con penas de entre 6 meses y tres años de cárcel. Es el principal objetivo de una nueva instrucción que ha dictado la Fiscalía de Extremadura sobre el delito de atentado en el ámbito sanitario tras mantener varios encuentros con sindicatos y colegios profesionales de médicos y enfermeros, preocupados por el aumento de las agresiones a los médicos y otro personal sanitario. 

Con 38 casos denunciados durante 2024, la violencia contra estos profesionales ha crecido un 40,7% en solo un año en la región, que alcanza la tasa más elevada de España y dobla la media nacional (5,8 agresiones por cada mil colegiados extremeños frente a 2,71 en el conjunto del país).

Extremadura encabeza las agresiones a médicos: la mayoría en los centros de salud

«En ocasiones se ha visto que este tipo de conductas se solventan con una pena de multa y no logran el castigo ni la prevención que tiene la norma penal», ha justificado esta mañana Francisco Javier Montero Juanes, fiscal superior de Extremadura durante la presentación de la nueva instrucción, en la que también han participado los presidentes de los Colegios Profesionales de Médicos Cáceres y Badajoz, Evelio Robles y Pedro Hidalgo respectivamente, así como el teniente fiscal de Extremadura, Aurelio Blanco.

Durante el 2024 solo se denunciaron el 43,5% de los casos de violencia (física y/o verbal) que se produjeron en la región y esa falta de denuncia, ha dicho el fiscal extremeño, a menudo viene condicionada «por la creencia de que poco se puede hacer, de que la respuesta penal va a ser inadecuada o leve y no va a tener efecto preventivo y de castigo para los agresores». Con esta instrucción se quiere eliminar esa creencia e intentar que los agresores tengan el castigo que merecen.

Delito de atentado

Con el nuevo documento se dan pautas claras a los fiscales extremeños, que ahora deberán estar más vigilantes ante estos ataques y hacer un seguimiento a los casos porque en ocasiones, apuntó Montero, por múltiples factores no se está teniendo en cuenta la consideración de que el personal sanitario tiene calidad de autoridad o funcionario público, lo que supone un agravamiento de los hechos. Según el Código Penal las agresiones, intimidaciones graves, la violencia con resistencia y acometimiento a una figura de autoridad o funcionario público son considerados delitos de atentado, lo cual conlleva penas de prisión de entre seis meses y tres años de cárcel, además de otras accesorias como alejamientos, incomunicaciones...

La instrucción incluye a los profesionales de la Educación, que tienen la misma consideración y también sufren violencia, pero no se puede aplicar a los sanitarios del ámbito privado, ya que al no ser funcionarios públicos no se puede aplicar el delito de atentado de autoridad que estipula el artículo 550 del Código Penal.

"Salía muy barato agredir a un médico"

Por su parte, los presidentes de los colegios de médicos de Cáceres y Badajoz han aplaudido la respuesta valiente de la Fiscalía de Extremadura con esta instrucción y han insistido en que la violencia física o verbal contra un profesional sanitario es un delito, no una falta, y debe ser castigado. «Llevamos muchos años recogiendo datos y nos estamos encontrando con frecuencia que no se tienen una actitud punitiva suficiente para que fuera disuarorio para nuevas agresiones; salía muy barato desde el punto de vista jurídico pegar, maltratar, coaccionar o amenazar a un médico», ha señalado Evelio Robles. 

Asimismo, Pedro Hidalgo ha recordado que hay muchos profesionales que no se llegan a denunciar, especialmente en las zonas rurales por temor, por eso con esta nueva instrucción anima a dar el paso. «Durante un tiempo hemos creído que eran hechos aislado hasta que hemos tenido que crear un observatorio de agresiones».