Derogar la ley extremeña de memoria histórica «no está sobre la mesa» de la Junta

La Ley de memoria de memoria histórica y democrática de Extremadura, aprobada en 2019, no se toca de momento. Aunque la derogación de esta normativa era uno de los objetivos del gobierno de María Guardiola tras alcanzar un acuerdo con Vox, esa ley extremeña seguirá vigente. La idea anunciada por la presidenta regional era sustituirla por una ley de concordia, con la que los partidos del gobierno de coalición (PP y Vox), ahora roto, entendían que se atendía a todas las víctimas del franquismo y no solo a una parte de ellas, como denunciaban entonces. 

Pero ni durante el tiempo que estuvo vigente el pacto de gobierno de PP y Vox, ni ahora que los populares gobiernan en minoría, se ha avanzado en ese objetivo. Es más, fue la presidenta de la Junta la que anunció este verano que la derogación de la ley de memoria histórica no era prioritario. Y esa sigue siendo la postura, aunque Vox volvió a insistir ayer en que la ley de concordia «es prioritaria y está sobre la mesa; quien quiera oír, que oiga», lanzó de diputado Juan José García, en una posible alusión al planteamiento que mantienen los de Santiago Abascal para poder negociar con el PP los presupuestos extremeños para 2025, según recoge Efe.

Dos años de la Ley de Memoria Democrática: 5.600 cuerpos exhumados y 572 reparaciones

Sin embargo, el Ejecutivo incidió en que «la derogación de la ley no es una prioridad ni está sobre la mesa, lo que sí es prioritario es respetar los derechos de las víctimas», dijo la directora general de Bibliotecas, Archivo y Patrimonio, Adela Rueda, en la Comisión de Cultura de la Asamblea. 

A preguntas del diputado socialista Ricardo Andrés Utrera sobre el futuro de la normativa extremeña, Rueda insistió en que la administración está destinando los mismos recursos que años atrás en «dignificar a todas las víctimas, sin exclusiones ni matices». En este sentido, subrayó que «no se ha quitado ni un solo euro» y se está proporcionando «apoyo tangible» con medidas como la creación de un banco de ADN extremeño, la colaboración institucional fuera de la región o los análisis genéticos precisos «además de una política de exhumación eficaz, seria y en total armonía con las familias y las asociaciones». «La historia no se borra, pero sí podemos influir en cómo la enfrentamos. En lugar de debates que abran heridas, nuestra intención es buscar y encontrar acciones que construyan puentes», apuntó Rueda. 

Para el diputado socialista, la oposición a acabar con la ley de memoria histórica tanto en el parlamento regional como entre la sociedad civil ha hecho recular al actual gobierno, aunque en todo caso cree que se trata solo de retrasar su derogación. Pero más allá de eso, Utrera exige a la Junta que desarrolle la ley y se implique más: «la memoria histórica no se limita a las exhumaciones, estamos hablando de derechos humanos y también es obligado el reconocimiento a las víctimas, trabajar para que se conozca la verdad, para que se haga justicia». En este sentido, el socialista recriminó la ausencia de Guardiola y la consejera de Cultura en actos públicos y homenajes para reconocer a la víctimas que se realizan en la región: «¿Por qué no asisten? ¿Les da vergüenza? ¿No los consideran necesarios?".

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