El Gobierno iniciará las obras para transformar Cuelgamuros a seis meses de las generales con un coste de 30 millones

La reconversión del monumento franquista del valle de Cuelgamuros, anteriormente denominado Valle de los Caídos, en un “centro de reinterpretación histórico, artístico y paisajístico” no tiene vuelta atrás. En los próximos días se publicarán las bases del concurso internacional de arquitectura para desarrollar el proyecto que mandata la ley de memoria democrática, aprobada en octubre de 2022. El coste total superará los 30 millones de euros y el inicio de las obras está previsto para principios de 2027, en la recta final de la legislatura, según fuentes de la comisión interministerial para la resignificación de Cuelgamuros. Será el último paso tras la elección del proyecto ganador, que se conocerá en septiembre, la posterior redacción del proyecto de ejecución, para el que se darán otros ocho meses, y la licitación de las obras prevista para finales de 2026.

El presupuesto para el concurso y redacción del proyecto rondará los cuatro millones de euros, más los premios de los diez finalistas, y la rehabilitación y construcción del conjunto monumental ascenderá a 26 millones. Las más de cien páginas de los pliegos que marcan las pautas se centran la construcción de un centro de interpretación, un proyecto de resignificación global y otro de musealización. Todo ello con llamadas a buscar elementos de “gran impacto”.

Bolaños pacta con el Vaticano la transformación civil de Cuelgamuros sin la expulsión de los monjes

El museo de nueva construcción se ubicará en la explanada de acceso a la basílica, con la opción de que pueda ser subterráneo o semisoterrado. La resignificación busca definir una pauta conceptual, artística, arquitectónica y paisajística del conjunto, como elemento articulador de todas las actuaciones. Finalmente, la musealización se basa en completar el proceso de transformación con “un relato inclusivo, respetuoso y acorde con los valores democráticos actuales que se extenderá desde el centro de interpretación hasta el interior de la basílica”.

El espejo en el que se mira el Gobierno son otros proyectos de memoria como el Monumento al Holocausto de Berlín, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá o el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile. La intención, por tanto, según fuentes de los ministerios impulsores, pasa por “crear un referente internacional que demuestre el poder de la arquitectura, el arte y el paisaje como herramientas para la memoria, la reconciliación y la construcción del futuro”.

No será totalmente de carácter civil, pues tras más de diez meses de negociación con el Vaticano, el Gobierno ha logrado que la Santa Sede desbloquease el proceso de resignificación, como adelantó este diario. Un acuerdo en el que se ha pactado la “convivencia” del nuevo espacio con la permanencia de los monjes benedictinos. Eso sí, tras la expulsión de su prior, Santiago Cantera. Un “nostálgico del franquismo”, como lo denominó el encargado de las relaciones con la Iglesia, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

“Lo único definitivamente acordado ha sido la permanencia de la comunidad benedictina y la no desacralización de la Basílica, así como el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la misma”, explicaba la Archidiócesis de Madrid en una nota para valorar las informaciones publicadas sobre el pacto y los próximos pasos por los que se transformará Cuelgamuros. En esta línea se apunta que "se ha producido un intercambio de notas privadas sobre cómo articular la resignificación del Valle de los Caídos”, entre Bolaños y el arzobispo de Madrid, José Cobo, “garantizando siempre el respeto a los elementos religiosos y la permanencia del culto en la Basílica”.

Además de los monjes, por tanto, el nuevo Cuelgamuros preservará su gran cruz característica y se permitirá que se continúen oficiando misas, por lo que no será totalmente civil. Si en un principio se contemplaba la expulsión de los monjes, el Gobierno defiende este acuerdo en aras de desbloquear el proyecto por el impedimento a tomar decisiones unilaterales en lugares de culto y bajo la máxima de convertirlo en un “proyecto de Estado, que perdure y lo más consensuado posible”.

Derecho de veto de la Iglesia

A este desbloqueo, para dar luz verde al proyecto, se suma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para revocar la suspensión de la licencia de actividad para proceder a los trabajos de exhumación. Precisamente, uno de los objetivos de la resignificación es la “finalidad pedagógica”, enfatizando el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes en la que se considera la mayor fosa común de España. Este mismo jueves se identificó a una de las víctimas reclamadas por familiares, originaria de la localidad de Borja.

El acuerdo pasa por dejar al margen de la resignificación el altar, pero sí se intervendrá en la cúpula. Con todo, dentro de los diez miembros del jurado para la elección de proyecto participará un representante de la Iglesia, junto con profesionales de reconocido prestigio y los ministerios involucrados, como Vivienda y Política Territorial. Según fuentes ministeriales, la intención es que la elección se haga por unanimidad, lo que conferiría en la práctica un derecho a veto a la Iglesia.

Próximos pasos

De forma paralela al concurso arquitectónico, que constará de tres fases, el Gobierno aprobará un decreto para establecer el nuevo marco jurídico aplicable a este lugar y que determinará la extinción de la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Según el borrador del plan anual normativo para 2025, al que ha accedido esta redacción, el Ejecutivo tiene en cartera un real decreto para llevar al Consejo de Ministros que regula la “organización, funcionamiento y régimen patrimonial del Valle de Cuelgamuros”.

En el mismo plan se incluye otro decreto para acabar de desplegar la ley de memoria democrática, aprobada en octubre de 2022, que consiste en regular el Consejo de la Memoria Democrática y el registro estatal de entidades de memoria democrática. Un órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas españolas, remitiendo al desarrollo reglamentario la determinación de su composición y régimen de funcionamiento.

El paquete normativo lo completará un decreto para regular el catálogo de símbolos y elementos contarios a la memoria democrática. Su objetivo inmediato, según consta en la exposición de motivos, será “aclarar el alcance de las obligaciones previstas en la norma y facilitar su cumplimiento, siempre con el fin de asegurar la mayor transparencia posible en la actuación de la Administración Pública; concretar y precisar plazos y trámites para lograr mayor eficacia y seguridad en la puesta en marcha de instrumentos y medidas los elementos a incluir en el catálogo a instancia de otras administraciones o ciudadanos, así como el procedimiento para su inclusión y los efectos de la misma, garantizando la objetividad y rigor técnico en el proceso; y, definir y concretar con precisión el contenido del catálogo”.