Apertura de juicio
Fraude de subvenciones en Plasencia: la federación empresarial, acusada
La Fiscalía pide una multa de 1,5 millones y la imposibilidad de obtener nuevas ayudas durante cuatro años
Todo parte de una denuncia del Gobierno de Monago en 2015
Fraude de subvenciones en Plasencia: La Federación Empresarial Placentina, acusada / TONI GUDIEL
La Federación Empresarial Placentina (FEP) y varios de sus responsables están acusados de un presunto delito de fraude de subvenciones públicas, un caso que juzgará un juzgado de lo Penal de Badajoz. El motivo es que este procedimiento forma parte de uno mayor, por el que también está acusada la Confederación Regional Empresarial Extremeña y que ha llevado el juzgado de Instrucción número 1 de la capital pacense.
En lo que corresponde a la FEP, con sede en la avenida Juan Carlos I de Plasencia, el Ministerio Fiscal ha pedido que se le imponga una multa de 1.500.000 euros y la «pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años».
Pena para sus responsables en Plasencia
En cuanto a sus responsables, la Fiscalía solicita la «pena privativa de libertad de dos años y seis meses de prisión y la pena pecuniaria de multa de 1.100.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de tres meses en caso de impago, y la pena accesoria de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años».
El auto de apertura de juicio oral tiene fecha de 29 de enero y se trata de una pieza separada de responsabilidad civil de los encausados, por un «delito leve» de fraude de subvenciones.
Antecedentes de fraude por cursos en Plasencia
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha señalado que se trata de una causa con cinco piezas, de las que cuatro está en el juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz y otra en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Mérida. El 4 de diciembre pasado, se dictó el auto de apertura de juicio oral de la pieza contra la CREEX y cuatro responsables.
Todo tiene su origen en una denuncia presentada por el Gobierno de Monago en 2015, sobre un presunto fraude con los cursos de formación de ocupados por parte de la CREEX, CCOO, UGT, Cepes y la Federación placentina.
La denuncia del gobierno de Monago
En marzo de 2015, los datos del caso fueron puestos en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Según señaló entonces la consejera de Empleo, Mujer, y Políticas Sociales del Gobierno extremeño, María Ángeles Muñoz, tras realizar una auditoría por parte de una empresa externa al Ejecutivo regional del 10% de los cursos, existían "indicios suficientes" que determinarían que en Extremadura "se creó y alimentó un sistema irregular de la gestión de la formación a ocupados".
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