Extremadura se mantiene como la mayor consumidora de bombonas de butano per cápita

El precio máximo de venta al público de la bombona de butano se encarecerá un 6,19% a partir de este martes, hasta los 17,67 euros, según recoge una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta forma, este suministro encadena su cuarto incremento consecutivo, tras retomar el pasado mes de septiembre una senda alcista que le ha llevado a marcar ahora su nivel máximo desde mediados de enero de 2023. En esos seis meses, el coste de la bombona ha aumentado más de un 15% (2,32 euros).

Aunque se trata de un combustible en retroceso, Extremadura se mantiene de lejos como la comunidad autónoma con un mayor consumo per cápita de envases de gases licuados del petróleo (GLP). En términos absolutos, el consumo extremeño es, con cifras acumuladas de 2024, el sexto mayor de España medido en toneladas, por detrás, en este orden, de Andalucía, Galicia, Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana, regiones todas ellas con mucha mayor población. En estos datos se computan las distintas mezclas de gases de butano y propano embotellados, incluidos los destinados a automoción y los recipientes de menos de 8 kilos. No obstante, son los que superan ese peso, dentro de los que se incluyen los de precio regulado, los que suponen la inmensa mayoría de las ventas de GLP envasado, según las estadísticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Yendo a los datos autonómicos de consumo por habitante, el extremeño es el máximo, a mucha distancia del resto de regiones. Es un 26% superior al segundo, que es el gallego, y está un 30% por encima de los dos siguientes, los de Andalucía y Baleares. Su precio asequible, que la hace más popular en territorios con menores rentas, y el ser la extremeña una comunidad autónoma con la población dispersa y menor acceso a las canalizaciones de gas natural, son dos aspectos que influyen en que se recurra a esta fuente de energía en mayor medida que el promedio nacional ya sea para uso doméstico o en hostelería.

Con todo, en una década (desde 2014), el consumo de GLP envasados ha caído un 21,6% en Extremadura y en las últimas dos un 45,7%.

En una década el consumo de GLP envasados ha caído un 21,6% en la región y un 45,7% en las últimas dos

El incremento de precio de esta última revisión se debe principalmente a un ascenso en la cotización de las materias primas (+4,89%), y del coste de comercialización (+14,27%), e incluye, asimismo, 20 céntimos de euro adicionales por envase de producto correspondientes a la reciente actualización del valor del coste de comercialización para garantizar el suministro a los consumidores, señalaron fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, informa Europa Press.

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos -entre los que se encuentra la tradicional bombona de butano de 12,5 kilos- no se encuentra liberalizado. Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Por otra parte, dicha variación del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25% a nivel nacional.

Cambio de fórmula

A principios de este mes de marzo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó en el BOE una orden ministerial por la que se actualizó el método de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los GLP envasados. «El nuevo sistema actualiza los costes de comercialización, lo que servirá para retribuir adecuadamente la actividad de distribución, garantizando el abastecimiento de los consumidores, con una incidencia limitada en el precio final de las bombonas», se aseguró desde el ministerio.

En este sentido, esgrimió que en los últimos años se han dado situaciones que han ocasionado un impacto económico relevante en el sector energético, como la pandemia o la invasión de Ucrania, que han contribuido a modificar la estructura y las características del mercado y de la actividad de las empresas que operan en el ámbito del butano, afectando negativamente a su rentabilidad. «A ello se suma que es un mercado en retroceso: en las últimas dos décadas las ventas se han reducido un 50%, hasta las 700.000 toneladas anuales, pero con un peso importante en zonas rurales», se apuntó. Una situación que ha generado «un cierre progresivo de agencias de distribución, una descapitalización de las empresas presentes y una reducción de inversiones, lo que podía afectar al suministro y la calidad del servicio ofrecido a los consumidores finales, al incurrir las empresas en pérdidas y ponerse en riesgo su viabilidad».  

El nuevo modelo recoge las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), actualizando partidas cuyas referencias se consideraba que habían quedado desfasadas, como costes de personal, conservación, mantenimiento o arrendamientos, e introduciendo otros elementos para hacer frente a nuevas necesidades.

Alza gradual

Esta subida se aplicará de un modo gradual, ya que la actualización de costes no podrá implicar un incremento superior a 20 céntimos de euro adicionales a la aplicación del límite de incremento de precio del 5% bimestral hasta que se normalice la situación.

La propuesta de departamento dirigido por Sara Aagesen también incluye otras medidas solicitadas por el sector de la distribución como aumentar de 48 a 72 horas el plazo máximo de entrega de las bombonas, lo que permitiría reducir costes en ámbitos rurales dispersos. 

Igualmente, y para minimizar el riesgo de futuros desfases, se plantea que la CNMC revise la fórmula de cálculo del precio de la bombona cada tres años, empezando en 2026.

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