Los teléfonos de dos ex cargos de Moncloa, claves para cerrar el círculo sobre la filtración que se atribuye al fiscal general sobre el novio de Ayuso

Los mensajes emitidos y recibidos la mañana del 14 de marzo de 2024 que pudieran aún contener los teléfonos de los ex cargos en Moncloa Pilar Sánchez Acera --que fue jefa del gabinete del hoy ministro Óscar López-- y el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, pueden ser claves para que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado pueda cerrar una parte de la investigación que lleva a cabo contra el fiscal general del Estado. Se trata de aclarar si Presidencia del Gobierno pudo participar de algún modo en la filtración de datos sensibles de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ambos comparecen este miércoles como testigos ante el alto tribunal.

A primera hora de ese 14 de marzo, ahora hace un año, la hoy número dos de los socialistas madrileños envió por WhatsApp al entonces líder de su partido en Madrid, Juan Lobato, el correo electrónico en el que la defensa de Alberto González Amador ofrecía un pacto a Fiscalía para evitar llegar a juicio por defraudar a Hacienda. El objetivo era que utilizara dicha información contra la presidenta madrileña durante la sesión de control de la Asamblea de Madrid.

La investigación judicial pretende aclarar si el documento fue recogido de los medios de comunicación que ya habían publicado informaciones sobre su contenido o pudo estar en poder de la asesora del Gobierno como fruto de una filtración directa desde Fiscalía. Si bien algunos medios ya habían dado cuenta de la existencia del correo la noche anterior, el documento íntegro no fue publicado hasta las 9.06 de ese 14 de marzo por el diario digital El Plural.

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En cuanto a Vallés, que era el principal responsable de Comunicación del Gobierno hasta el pasado 3 de diciembre, ha sido citado en sus informes por la Guardia Civil junto a Ion Antolín, que fue quien le sucedió en el cargo aunque dimitió poco después alegando problemas de salud. De ambos se dice que "pretendían" que el exlíder del PSOE en Madrid Juan Lobato utilizara el correo, pese a que contenía datos confidenciales, en un debate en la Asamblea de Madrid, como así ocurrió. En el papel que mostró Lobato en la Asamblea, no obstante, aparecían tachados algunos de estos datos.

Información manejada por Moncloa

Los investigadores apuntan que los indicios son especialmente relevantes en el caso de Vallés, de quien dicen en su informe que podría tener un "rol superior de coordinación respecto a la información" que se manejaba en Moncloa y el PSOE sobre la pareja de la presidenta Díaz Ayuso.

La Guardia Civil, tras analizar el móvil de Lobato, apuntó que los dos entonces asesores -- tanto Sánchez Acera como Vallés-- enviaron sendos whatsapp a Lobato con el enlace de la noticia que había publicado el diario digital ElPlural.com sobre el novio de Ayuso, que incluía el email íntegro de González Amador. Los agentes de la UCO consideran que esta sería la respuesta que a la pregunta que Lobato les había formulado previamente sobre el origen de la documentación que querían que utilizara contra la presidenta madrileña.

En todo caso, tanto Sánchez Acera como Vallés tendrán oportunidad de aclarar su implicación en este asunto durante sus declaraciones como testigos este miércoles en el Tribunal Supremo, donde acuden con obligación de decir verdad.

Si atendemos a lo que ha ocurrido con anteriores testigos, no sería extraño que se les requiriera la entrega de los dispositivos o la aportación de parte de sus comunicaciones de esa mañana, tal y como pasó con Lobato y con Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, quien también ha comparecido ante el alto tribunal.

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Los antecedentes de Lobato y MAR

En el caso de Lobato, el juez Hurtado le citó el pasado 29 de noviembre a raíz de una información en ABC relativa a que había acudido a un notario para dejar constancia de los mensajes con Sánchez Acera. Cuando terminó su declaración, él mismo facilitó su móvil para que se procediera a su volcado en el órgano judicial, tras apreciar una de las acusaciones contradicciones en el contenido del acta notarial.

El contenido de su teléfono permitió al instructor acreditar que el Gobierno de Pedro Sánchez tuvo acceso al e-mail que contenía la confesión de dos delitos fiscales por parte de González Amador antes de que este documento se publicara de forma íntegra en un diario digital. El pantallazo con el correo electrónico, seguido del mensaje "cuidado con los datos personales", llega al móvil de Lobato a las 8.29 de la mañana; el primer medio que saca a la luz el documento completo es El Plural a las 9.06.

En cuanto a Miguel Ángel Rodríguez, cuando fue llamado a declarar en la causa el pasado 8 de enero no entregó su teléfono, pero sí aportó al alto tribunal determinados pantallazos relacionados con otro correo electrónico intercambiado entre la defensa de González Amador y la Fiscalía. Se trataba de la respuesta del fiscal Julián Salto al requerimiento de la defensa de González Amador que Rodríguez difundió a la prensa utilizando una de sus listas de distribución de WhatsApp. 

De los mensajes aportados por el asesor de Díaz Ayuso se deduce el abogado de González Amador ya estaba en conversaciones con el Ministerio Público y que era posible un pacto de conformidad, para lo que es imprescindible que el denunciado admitiera los hechos denunciados. El siguiente pantallazo era el que aportaba el mail del juez del caso, Julián Salto, anunciando la presentación de la denuncia contra González Amador y señalando que la propuesta podría acogerse en espera de lo que ocurriera con el procedimiento judicial.

Los mensajes del fiscal general

Otros de los teléfonos cuyo contenido está siendo objeto de las pesquisas del juez Hurtado son los del fiscal general, que han dado lugar al envío de comisiones rogatorias a Irlanda --más tarde desplazadas a EE. UU. para intentar que las compañías WhatsApp y Google puedan remitir al Supremo los mensajes y correos relativos a las fechas investigadas que fueron borrados por el propio Álvaro García Ortiz, que lo justificó alegando un protocolo de seguridad.

Este mismo lunes, la Guardia Civil ha informado mediante sendos oficios al juez Hurtado de las respuestas que han dado hasta el momento las empresas tecnológicas, que aportan el número de referencia de preservación de los mensajes, lo que quiere decir que serán conservados. La diligencia se remitió "con el fin de asegurar y proteger los datos" que ambas mercantiles podrían poseer en relación con los hechos investigados.