La Junta critica el «afán confiscatorio» del Estado con el IRPF del salario mínimo

«Esta semana se ha demostrado que el Gobierno que se erigía como el Robin Hood, que confisca a las grandes eléctricas, a los bancos y a los ricos para repartirlo entre los pobres, quiere esquilmar 1.400 millones de euros a las personas que ganan el salario mínimo». Con estas palabras el secretario general de Economía, Empresa y Comercio, Víctor Píriz, criticaba ayer en el Parlamento extremeño que la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tenga que tributar, a diferencia de las anteriores. 

El incremento de un 4,4% para 2025 fue acordado a finales de enero entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT y supone pasar de 1.134 a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas. «Son 50 euros más mensuales, 700 al año, de los que casi la mitad irán para el Gobierno». Desde el 2018 el SMI ha subido un 60,9% en España. 

Los sindicatos reclaman subidas salariales para hacer frente al incremento de los precios

Píriz habló de «afán confiscatorio», más que recaudatorio, del país que realiza «el esfuerzo fiscal más alto de la Unión Europea». Así, acusó al Gobierno central de «recaudar a lo bestia» y a pesar de ello «no deflactar la tarifa del IRPF», algo que considera «imperativo» para compensar la subida de los precios: «desde 2015 no se deflacta la tarifa del IRPF, con una inflación acumulada en este país del 25%». 

Unidas por Extremadura registra una propuesta para la continuidad de los programas de familias

De 72.000 a 87.000 extremeños beneficiarios

El secretario general reconoció que el incremento del SMI tiene un impacto positivo en los bolsillos de los trabajadores (afecta a entre 72.000 y 87.000 asalariados en la comunidad), especialmente el sector agrícola y el servicios, que son mayoritarios en Extremadura, aunque también advirtió de efectos negativos sobre el empleo de los colectivos más vulnerables y menos productivos, entre los que citó a las empleadas de hogar. Aun así, Píriz también aseguró que ese aumento por sí solo «no sirve para que los españoles recuperen el poder adquisitivo perdido durante años.

Por otra parte, lamentó el impacto que tiene sobre las empresas, «con un coste salarial de en torno a 80 euros más por trabajador», y la falta de consenso con los empresarios: «son los que están pagando esta fiesta», añadió. A su juicio, esta medida debería ir ligada a la productividad de las empresas, pero «eso no se está produciendo en España». Según dijo el país arrastra una bajada de la producción del 3,8% entre 2018 y 2023. 

Unidas lamenta la tributación

El secretario general respondía así ayer a una pregunta formulada por el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías en la Comisión de Economía. El parlamentario quería conocer la valoración que hacía la Junta sobre el incremento progresivo del SMI que, a su juicio, es «el mayor corrector de desigualdad en la renta en mucho tiempo» y un «acierto» del Gobierno de coalición a pesar de que también se sumó a las críticas por la necesidad de tributar. 

Por último, lamentó los «anuncios apocalípticos» de la medida, como el cierre masivo de empresas, que han resultado «augurios falsos», aunque admitió que los pequeños negocios de la región sí pueden tener más dificultades.