Fundación Triángulo exige respuesta "contundente" a la propuesta de Vox de derogar la Ley LGTBI de Extremadura

La Fundación Triángulo condena el intento de Vox de derogar la Ley LGTBI de Extremadura y exige una "respuesta inmediata", "clara y contundente", al resto de grupos parlamentarios.

Ha sido este viernes cuando el grupo liderado por Ángel Pelayo Gordillo ha registrado una propuesta en la Asamblea para 'tumbar' la Ley 12/2015, de 8 de abril, más conocida como ley trans extremeña. Una norma que fue aprobada en el Parlamento bajo el Gobierno del popular José Antonio Monago y por unanimidad de los grupos políticos.

El portavoz de Voz en la comunidad, Óscar Fernández, ha resaltado que "para nosotros, las leyes trans, en general, han traído una problemática tremenda a la sociedad española y, fundamentalmente, a la infancia y a las mujeres".

Vox presenta una propuesta para tumbar la ley LGTBI de Extremadura por su contenido trans

En el polo opuesto, Triángulo Extremadura ha mostrado su "absoluto rechazo" a la propuesta. "Esta norma es un pilar fundamental en la garantía y protección de los derechos de las personas LGBTI en la región, promoviendo la igualdad real y combatiendo la discriminación", ha subrayado la fundación.

Por ello, ha exigido una respuesta "clara y contundente" por parte de los grupos parlamentarios para frenar cualquier intento de eliminar "una legislación clave en la defensa de los derechos humanos en Extremadura".

Según ha afirmado la presidenta de la Fundación, Silvia Tostado, en Extremadura hay lugar "para la diversidad, pero no para el odio, y, menos aún, para su difusión a través de bulos".

Ha subrayado, además, que la entidad seguirá trabajando "sin descanso" por la igualdad y la dignidad de todas las personas y no dará "ni un paso atrás" en la defensa de los derechos de las personas LGBTI.

Cabe recordar que la ley es una norma de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y representa los derechos conquistados a favor del colectivo y en contra de su discriminación.

Permite, desde que entró en vigor, que los menores que residen en la comunidad autónoma tengan derecho a que, en sus centros educativos, su nombre oficial sea el que ellos elijan, con el que se sientan identificados, aunque en sus documentos oficiales (DNI, pasaporte...) no aparezca el cambio. Asimismo, los colegios e institutos también deben respetar su forma de vestir, fundamentalmente, cuando el uniforme es obligatorio, y la utilización que les corresponde de los aseos y vestuarios.