Los constructores desconfían de la nueva empresa pública de vivienda del Gobierno: "No optimiza esfuerzos"

Los constructores dan la espalda a la nueva empresa pública de vivienda que pretende poner en marcha el Gobierno a partir de la actual entidad estatal de suelo Sepes. Pedro Fernández Allen, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), cree que "no optimiza esfuerzos" el hecho de que sea la propia Sepes la que construya promociones de viviendas y se encargue de la gestión del alquiler. "Esta empresa debería centrarse en trasformar suelo público en finalista y después ponerlo en el mercado en la modalidad que lo considere, en venta, alquiler o cesión del derecho de superficie", señaló el directivo de la patronal durante la presentación de un decálogo de medidas para solucionar el problema de acceso a la vivienda en España.

El pasado mes de diciembre, el presidente Pedro Sánchez anunció durante el congreso federal del PSOE la intención del Ejecutivo de crear una nueva empresa pública "capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado", algo que hasta el momento solo llevaban a cabo comunidades autónomas y ayuntamientos. Esta nueva sociedad estatal surgiría como una evolución de la actual Sepes, encargada históricamente de la trasformación de suelos industriales y residenciales. Una vez culmine la transformación, Sepes se encargará de la tramitación urbanística de un terreno y desarrollará las obras de urbanización, pero también se encargará de la construcción de promociones y gestión de los alquileres.

Fernández Allen de la CNC cree que es positivo que Sepes ponga en el mercado suelo finalista para la construcción de vivienda, pero desconfía que sean capaz de construirlas y gestionarlas: "Seguimos poniendo en duda que sea una situación realizable. Para construir viviendas se necesitan medios propios y el personal debería ser numerosos y no sería óptimo. Gestionar vivienda en alquiler requiere mucho personal, para responder a las quejas o las necesidades de reformas. Es positivo que la ley de vivienda y el Ministerio apuesten por la colaboración público-privada, pero deberían centrarse en darnos la materia prima de nuestro trabajo, el suelo".

Decálogo de medidas para solventar el problema de la vivienda

Las diez medidas van en la línea de las comentadas en los últimos años. Las patronales involucradas creen que es necesario el "aumento de la oferta de vivienda" de "todas las tipologías" a través de la construcción de al menos 200.000 unidades al año para no acumular un déficit que podría superar las tres millones de viviendas en 2029. Para ello, según los expertos, es necesario la "agilización de la transformación y gestión de suelo" a través de la reforma de la ley el suelo y de la firma de un "Pacto de Estado" para alcanzar "consenso político que trascienda las legislaturas".

La CNC, la APCE, el CGATE y CSGAE piden también al Gobierno una "unificación normativa, agilidad y mejoras en el proceso de concesión de licencias" y una adaptación de la fiscalidad. "La vivienda soporta una carga fiscal excesiva, con impuestos que representan hasta el 25% del precio final. Se deben establecer incentivos fiscales para la promoción de vivienda asequible y reforzar la financiación mediante líneas ICO y colaboraciones con el BEI", desarrolla el documento.

Las cuatro patronales proponen seguir impulsando la rehabilitación y la regeneración urbana, apostando por la sostenibilidad, la industrialización y la calidad arquitectónica, garantizando una dotación presupuestaria "suficiente y estable". Por último, reclaman abordar la problemática de la falta de mano de obra, incorporando alrededor de 700.000 trabajadores al sector de la construcción para "la ejecución de proyectos clave".