Piden 15 años de cárcel para un varón por agresión sexual a su hijastro en Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz juzga a un varón de 69 años por un supuesto delito de agresiones sexuales a su hijastro, un menor con discapacidad de 16 años.

Los hechos, que se juzgan en dos sesiones este jueves y viernes, fueron detectados en 2021 por los educadores sociales de un centro de integración para la acción educativa especializada en la atención de necesidades educativas y funcionales específicas derivadas de una situación de discapacidad intelectual, para niños, niñas y adolescentes adscritos al Sistema de Protección de la Comunidad Autónoma de Extremadura ubicado en Villanueva de la Serena. Aunque se desconoce desde cuándo el menor sufrió estas supuestas agresiones.

Las vistas se están realizando a puerta cerrada para preservar la intimidad del menor y protegerlo ante su situación de vulnerabilidad.

Los educadores detectaron las agresiones

La víctima es un joven de 16 años con una discapacidad intelectual del 41% y el presunto autor su padrastro. El varón acusado comenzó una relación sentimental con la madre del menor en 2012. Esta mujer tenía dos hijos. Por diversos motivos la Junta de Extremadura obtuvo la tutela de ambos menores en 2012 y fueron derivados a un centro de acogida. En agosto de 2019 el hijo menor fue trasladado al mencionado centro especializado para que lo trataran de manera más oportuna debido a su discapacidad intelectual, fue entonces cuando accedió al recurso en Villanueva de la Serena, gestionado por la empresa Cerujovi.

Los dos menores salían del centro y tenían visitas a su familia de manera periódica. En una de esas visitas de fin de semana en el mes de julio de 2021 se produjeron las supuestas agresiones sexuales. Cuando el acusado dejó al menor en el centro el lunes advirtió de que este sangraba por el ano. Los trabajadores del centro lo derivaron al pediatra y este certificó que tenía dos fístulas.

A partir de septiembre de ese mismo año, los profesionales de este recurso comenzaron a apreciar comportamientos inadecuados por parte del menor. Por ello, la educadora social que trabajaba con él realizó un seguimiento más exhaustivo. Además, el centro puso una denuncia ante la Guardia Civil que fue la que hizo que se tomara declaración al interno en 2022 y, posteriormente, al padrastro.  

Tras ella le realizaron pruebas forenses, pero no se pudo certificar cuál era el origen de dichas lesiones. Fue en una toma de declaración ante la benemérita cuando el joven afectado confesó que el causante de sus heridas era la pareja de su madre que lo agredía sexualmente. De igual manera lo confirmó al psicólogo forense que lo trató posteriormente.

Su versión de los hechos la ha ratificado en varias ocasiones y los forenses que han intervenido en el caso afirman que su relato es coherente y no incurre en contradicciones.

Niega los hechos

Este proceso judicial se inició en 2021, en 2022 la víctima ratificó los episodios sufridos por parte de su padrastro. Por su parte, el acusado de este delito continuado de agresiones sexuales niega que estas las haya provocado él y señala a que ocurrieron en el centro: "El padrastro denunció que los compañeros del niño le agredían analmente y meses después lo acusaron a él", ha afirmado su abogada, María Reyes Gómez.

Así, ha indicado que tres meses después de "denunciarlo fue a visitar al chico y lo detuvieron". Gómez ha afirmado rotunda que "se ha cometido una injusticia porque no se han tenido en cuenta ninguna pruebas de descargo de las presentadas".

Primera sesión

A lo largo de la mañana de este miércoles han declarado ante el juez José Antonio Patrocinio el acusado, la familia de la víctima y su entorno más cercano, entre ellos los trabajadores del centro en el que reside el menor. El menor no ha tenido que declarar ante el magistrado porque han tomado como prueba pre constituida la testificación que hizo ante la Guardia Civil en 2022. Esta decisión está tomada para protegerlo y evitar que tenga que pasar por este proceso judicial.

En la segunda jornada de juicio se sentarán frente al juez los peritos forenses, los peritos testigos y los agentes de la Guardia Civil que participaron en este caso. Tras la sesión del jueves el juicio estará visto para sentencia.

En esta causa hay dos acusaciones particulares: una por parte de la Junta de Extremadura, quien tiene la custodia del chico, y, por otro lado, la empresa que gestiona el centro en el que vive.

Petición de penas

El Ministerio Fiscal y la Junta de Extremadura solicitan para el acusado 14 años y 11 meses de prisión, una indemnización de 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil y la imposibilidad de acercarse al menor durante el cumplimiento de ese tiempo de cárcel. Esta orden de alejamiento se extenderá durante otros diez años más.

Por su parte, la acusación particular que representa a Cerujovi, solicita la pena máxima, 15 años de cárcel y 50.000 euros de indemnización.