¿Qué pasa ahora con el lobo en Galicia?

El lobo ibérico ya no formará parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) tras más de tres años gozando de un estatus de conservación. Así se acordó el pasado jueves en el Congreso de los Diputados tras la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario, que contó con los votos a favor de PP, Vox, Junts y el PNV. En concreto, esta modificación del estatus del cánido se introdujo durante su tramitación en el Senado por los populares, que añadieron la rebaja de la protección de animal en forma de tres enmiendas. En resumen, este cambio legal supone volver a la normativa que había antes de septiembre de 2021, año en que se incluyó el lobo en el Lespre y su veto a la caza en el norte del río Duero, y que data de 1986 (al sur todavía sigue estando prohibido por ahora). Esto permitirá flexibilizar métodos como las batidas para controlar la población lobera, una demanda abanderada por el agro durante estos cinco años de protección al cánido. Pero, ¿es inmediato?

Lo cierto es que el proceso para sacar al lobo del Lespre no es instantáneo y está sujeto a muchos vericuetos legales. "El modo de introducir la reducción [a través del Senado] fue tan enrevesado que quienes forzaron esto no creo que sean conscientes del enredo jurídico y normativo que propiciaron", esgrime el experto en regulación animal Martiño Nercellas. "Ahora queda ver cómo le dan forma a esto", apostilla.

¿Recurso constitucional?

Así, Nercellas pone el énfasis en las posibles trabas que puede tener sacar al lobo del Lespre. "Es perfectamente recurrible al Tribunal Constitucional (TC)", asegura el experto, y argumenta: "La modificación de una ley ambiental a través de una enmienda en una ley no relacionada podría considerarse contraria al artículo 9.3 de la Constitución, que garantiza la seguridad jurídica. Se podría argumentar que se está eludiendo el debate parlamentario adecuado y los informes preceptivos necesarios".

Al recurso ante el TC, Nercellas también añade la posibilidad de elevar el asunto a instancias europeas. "El Tribunal de Justicia europeo ya dictó varias sentencias al respecto afirmando que no se puede desproteger al lobo mientras los informes científicos dictaminen que cuenta con una situación de conservación desfavorable", aclara.

En condiciones normales, el proceso para sacar al lobo del Lespre, dice Nercellas, sigue un periplo muy definido. "Hay que elaborar un proyecto que justifique los cambios, acompañado de una memoria técnica basada en criterios científicos y técnicos, como el estado de conservación de la especie y su impacto ecológico y social", indica el experto. "La propuesta es evaluada por organismos competentes, como el Comité Científico y la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Si dan el visto bueno, se publica la orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado", explica.

Nercellas asegura que la actual "ausencia de evidencias científicas" supone una pata coja de la enmienda."Puede ser considerada un principio de interdicción de la arbitrariedad de poderes públicos", señala el experto. "También es recurrible de comprobarse que se da una vulneración del principio de no regresión ambiental. Este principio, reconocido en la jurisprudencia constitucional, podría ser invocado al argumentar que la modificación supone un retroceso en la protección de una especie amenazada", añade.

Precisamente, la falta de informes es uno de los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Transición Ecológica para tachar de "movimiento profundamente irresponsable la enmienda implementada por el Senado". "Los datos para tomar decisiones informadas iban a estar listos en junio o julio. Resulta sorprendente que no se haya querido esperar a tomar una decisión informada. Una decisión basada en evidencias, que es lo que sustenta la mejor política", denunció el gabinete ministerial el día de la aprobación de la ley.

Primeras amenazas

Así, numerosas comunidades pertenecientes al norte del Duero, como Asturias o Cantabria, ya han anunciado que adaptarán sus planes de gestión para autorizar la caza del lobo. Ante la situación, las amenazas de denuncias no han tardado en llegar. La organización en defensa de la naturaleza y el medio ambiente WWF se dirigió ayer por carta a las comunidades con poblaciones de lobo al norte del río Duero para advertir de que llevará ante la justicia cualquier plan autonómico que incluya cupos de caza o captura de ejemplares, ya que "matar lobos es ilegal" mientras la especie se encuentre en un estado de conservación desfavorable, "de acuerdo con la jurisprudencia de los tribunales nacionales y europeo".