La coordinadora de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha exigido que no se concedan licencias de explotación, "ni siquiera permisos de investigación", a empresas mineras que tengan a sus espaldas sanciones por incumplimientos de la normativa vigente, ya sea en materia medioambiental o laboral. A su juicio, la Junta de Extremadura debería ser más contundente y rigurosa cuando afirma que la región es "punta de lanza de la soberanía energética", puesto que tanto la energía nuclear como los grandes proyectos mineros "están en manos de multinacionales extranjeras". "Soberanía energética sería si el Estado o la comunidad autónoma tuviera una participación directa y decidiera la hoja de ruta, lo contrario es engañar a la gente", ha afirmado. De Miguel considera que con estas mayores exigencias se evitarían situaciones como las que ya se han vivido como cuando, por ejemplo, la empresa promotora de la mina de Cáceres vulneró la normativa ambiental, y fue sancionada por ello. Ha recordado también el caso de la mina de La Parrilla, "que ha estafado a los empresarios extremeños y está engañando a la administración, garantizándole una solvencia económica que no demuestra ante los tribunales". De Miguel ha reiterado además que, puesto que la Unión Europea exige la máxima transparencia y aceptación social para del desarrollo de los proyectos mineros estratégicos, se deben someter a referéndum en los municipios afectados. Para la dirigente de Unidas, no se puede dar licencia a empresas que "hayan demostrado que son piratas, que actúan con negligencia y que vienen a llevarse nuestros minerales a costa de cualquier cosa, pasando por encima de las normas ambientales y laborales". Por otra parte, Irene de Miguel ha exigido también una respuesta "contundente" a los aranceles impuestos por Donald Trump y en ese sentido, considera que una buena medida sería "darle donde más le duele": sacar a los fondos de inversión estadounidenses de sectores estratégicos como el litio, "que es indispensable para la transición energética". La portavoz de Unidas por Extremadura también aboga por que esos fondos de inversión, como Blackrock, dejen de estar presente en el mercado inmobiliario, en el energético o en el de las comunicaciones.