El Gobierno ultima el plan para el reparto de 4.000 menores migrantes para comenzar a realizar los traslados de Canarias al resto de comunidades este verano. El Congreso convalidará definitivamente el próximo 10 de abril el decreto pactado con Junts que introduce cambios en la ley de extranjería para hacer obligatoria la acogida por parte de las comunidades. Este lunes terminaba el plazo para que todas las comunidades autónomas enviaran al Ministerio de Infancia y Juventud la información de cuántos menores tienen en acogida y con cuántas plazas cuentan para atenderles. Pero hay dos comunidades gobernadas por el PP, Aragón y Comunidad de Madrid, que no han enviado la información requerida en el decreto, según ha expresado la ministra del ramo, Sira Rego. En el primer caso, la región gobernada por Jorge Azcón no ha remitido al Gobierno ningún dato. Desde la comunidad alegan que solo las entregarán si se les deniegan las medidas cautelares en el recurso contencioso-administrativo presentado el pasado viernes. Fuentes del ejecutivo lo vinculan a sus negociaciones con Vox para aprobar presupuestos. Mientras el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha enviado datos incompletos al trasladar el número de acogidos durante el año -2.442- pero sin ofrecer el número de plazas ocupadas actualmente, según defendió la titular del Ministerio. Esta información es crucial para establecer el reparto de ayudas entre las comunidades. El decreto establece una partida de 100 millones de euros, y el reparto se establecerá en función del ratio de niño acogido por habitante; un cálculo que a nivel nacional solo puede hacerse teniendo toda la información de las comunidades autónomas. En función de ese ratio, explican desde el Ministerio de Infancia, se harán los cálculos para ver qué territorios superan el ratio nacional y destinar a estas regiones muy fondos. La ministra de Infancia advirtió este martes que la falta de información "dificulta el reparto", al no tener el panorama completo de la acogida de menores en España. Así, informó de que se darán unos días más a estas comunidades para que remitan la información, además de presentar subsanaciones y aclaraciones. En caso de no hacerlo, se tendrán en cuenta los últimos datos disponibles, de final de 2023. Rego, en declaraciones a periodistas, ha explicado la situación y ha establecido que "en torno al verano podríamos estar en condiciones de comenzar a plantear los traslados", una vez que se lleve a cabo la convalidación del decreto, la declaración de contingencia migratoria, y una vez que se lleve a la conferencia sectorial el reglamento que desarrolla el real decreto. La gran mayoría de comunidades autónomas han reportado al Gobierno que están al límite de sus capacidades para la atención de menores migrantes o que directamente están sobreocupadas. Desde Andalucía, con 2.615 menores atendidos el pasado año, lo que la situaría ya al 96% de sus capacidades, hasta Madrid, con 2.442. En la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso alegan que están a “una sobreocupación del 132%”. En el otro extremo, además de Cataluña, está Euskadi, que ha reportado un total de 859, el doble de su cuota estimada. La Generalitat ha declarado por su parte una sobreocupación del 101% en sus centros, con la acogida de 2.242 menores migrantes. La Región de Murcia ha reportado una sobreocupación por encima del 220%, con 619 menores atendidos actualmente. Unas cifras por las que ven prácticamente inviable poder acoger más plazas. La Junta de Extremadura es otra de las que trasladan una ocupación por encima de sus capacidades (111%), tras acoger el pasado año a 169 menores migrantes. La Comunidad Valenciana, por su parte, que atienden entre 480 y 480 menores y que no tiene margen para ampliar su sistema de acogida. Baleares atiende a 573 menores migrantes, según han informado a EFE fuentes del Govern, lo que supondría diez veces más la capacidad inicialmente prevista. Galicia notificó ayer al Ministerio sus datos de menores migrantes tutelados, 273 del total de 900 jóvenes que están en su sistema de protección público autonómico, que se encuentra al 108 % de su capacidad. Todos estos territorios se plantean recurrir al Tribunal Constitucional. Castilla La-Mancha ha cumplido con el requerimiento del Gobierno este lunes y ha informado al Ministerio de que actualmente tutela a 139 menores migrantes no acompañados en sus recursos de protección. A lo largo de 2024, atendió a 173 jóvenes extranjeros y su sistema de acogida y protección cuenta con 566 plazas en total, las cuales están ocupadas en un 96,5 %. Por su parte, Cantabria ha informado este lunes que en 2024 atendió a 41 menores migrantes no acompañados y que en su sistema de protección -que cuenta con 220 plazas, de las cuales 36 están asignadas a jóvenes extranjeros- actualmente están ocupadas 22, una de ellas por un menor solicitante de asilo. Más allá de los recursos que han anunciado otras comunidades del PP, las dificultades para materializar la reubicación de los menores migrantes tiene que ver con la falta de infraestructura al reportarse por parte de las comunidades estar actualmente sobreocupadas. En el Ejecutivo subestiman una batalla legal por parte de los populares porque consideran que el decreto está blindado jurídicamente. Al reformarse la ley de extranjería, la vía recomendada por los servicios jurídicos, se evitaría un posible conflicto competencial, según sostienen. La reforma dota a las comunidades autónomas de capacidad para adecuar los criterios de distribución en la conferencia sectorial del ramo. Eso sí, para ello se precisará de unanimidad. De este modo, se incluye un artículo en la ley para que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia pueda acordar “los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios para la aplicación del plan”.