Citados para junio
Un juzgado de Madrid imputa a cuatro periodistas por informar sobre la causa abierta contra el fiscal general
El Juzgado de Instrucción número 20 les cita a declarar como investigados por un delito de revelación de secretos, pese a chocar con el derecho a la libertad de información
Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, a la salida del Tribunal Supremo. / José Luis Roca
El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ha imputado a cuatro periodistas de los diarios 'El País', 'El Mundo' y '20 minutos' por informar sobre uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentado en la causa en la que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Los profesionales han sido citados a declarar el próximo 19 de junio como investigados por un delito de revelación de secretos, pese a que la Constitución consagra el derecho a la información de los ciudadanos como uno de los derechos fundamentales, para cuya protección los periodistas deben mantener el secreto profesional y no revelar sus fuentes.
La apertura de las diligencias obedece a la queja que Pilar Rodríguez presentó ante el instructor de la causa, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, por haberse publicado el informe que la UCO había realizado de su teléfono, en el que atribuía un "papel determinante" al fiscal general en la filtración de datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña. El magistrado en una providencia dedujo testimonio y la remitió a los juzgados de Madrid, junto a la presentada por el fiscal general y por el abogado de Alberto González Amador, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.
El informe del teléfono de Pilar Rodríguez resulta fundamental para la causa que se sigue por la presunta filtración del correo del abogado del empresario en el que asumía la comisión de dos delitos fiscales para intentar alcanzar un acuerdo con la fiscalía que evitara el juicio. El del fiscal general solo sirvió para comprobar que había borrado sus mensajes tras la apertura de la causa en su contra y que había cambiado de teléfono.
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