El asesor de la unidad de atención a las víctimas del terrorismo catalana denuncia el abandono de las del 17-A por la "cicatería" del Estado

Robert Manrique Ripoll, asesor de la Unitat d’Atenció i Valoració d’Afectats pel Terrorisme (UAVAT), atribuyó este martes en el Congreso de los Diputados a la "cicatería del Estado" el abandono en el que denunció se encuentran las víctimas de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils cometidos el 17 de agosto de 2017, circunstancia que, no obstante, amplió a cualquier víctima del terrorismo, incluidas las de ETA y las de la ultraderecha.

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Manrique, que comenzó su intervención pidiendo un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados del 11-M en Madrid, en los que hubo 193 muertos y centenares de heridos, con motivo de su 21 aniversario, explicó que le había dado muchas vueltas al porqué del abandono del Estado hacia las víctimas del terrorismo y que su conclusión era que se debía a una mera "cicatería".

En este sentido, señaló que la ley de víctimas del terrorismo da un año para que quienes se consideren víctimas del terrorismo acudan a la oficina de atención prevista para ello y reclamen una indemnización. Aseguró que tras los atentados de 2017 la Subdirección General de Atención a las Víctimas puso una oficina en Barcelona entre el 22 y el 29 de agosto con este fin, en los días en que los heridos estaban en el hospital y los familiares de los fallecidos enterrándoles.

"Con unos atentados con 16 asesinados y 160 heridos, que la sentencia eleva a 345, ¿cómo más de 300 personas debían saber que la oficina estaba abierta una semana? No se hizo ningún anuncio en los medios. ¿Cómo se iban a enterar las víctimas de que estaba esa oficina que estuvo una semana y se vino otra vez a Madrid?", lamentó el compareciente. 

En su discurso, lleno de ejemplos de falta de atención a distintas víctimas del terrorismo, recordó que la indemnización para ellas por asesinato se fijó en 500.000 euros en 2011 cuando se dictó la ley de atención a las víctimas, pero la cifra que se concede en la actualidad es muy inferior y que, entre otros aspectos, no tenía en cuenta la pérdida de fetos de las embarazadas muertas o que resulten heridas. Sí reconoció que lo aprendido en el 11-M se había utilizado en los atentados de Catalunya, pero consideró que ello no era "suficiente" en comparación con la atención que se presta en Francia a las víctimas del terrorismo que es mucho mejor que la española.

Protección de datos

Entre los puntos que se podrían mejorar también estuvo que la ley de protección de datos no le permite ponerse en contacto con víctimas a las que ha identificado a través del sumario para ofrecerles asesoramiento, pese a que la Administración no se pone en contacto con ellas para informarles de sus derechos. Entre esa falta de atención no solo mencionó lo relativo a indemnizaciones, sino que también relató que nadie acompañó a Javier Martínez, tras la muerte de su hijo Xavi, de tres años de edad, a su domicilio en Rubí, donde fue él solo conduciendo; o el de una herida que quedó huérfana el 17-A, a la que un abogado cobró una comisión por recibir la indemnización que le correspondía. Incluso el de una pareja a la que no se reconoció la condición de víctimas del terrorismo, pese a que ETA mató al médico en cuya consulta esperaban a que atendiera a su hija.

Concluyó su intervención, respondiendo al portavoz del PP que "las víctimas no son iguales y tienen distinta ideología" y que hay gente que pide "dignidad, memoria y asistencia para las víctimas del terrorismo", pero nunca han ido a su unidad para preguntar por las necesidades de aquellas a las que presta asistencia.