Sancionan a una trabajadora por fingir que era muda y cobrar durante 16 años una pensión

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado en contra de una trabajadora que fingió que era muda y estuvo durante 16 años cobrando una prestación por incapacidad permanente absoluta. Los magistrados consideran suficientes las pruebas aportadas por la mutua, que sospechaba que la empleada no padecía el mal que decía padecer y contrató a un detective privado para demostrarlo. Este espió a la supuesta muda, la vio conversar con otras personas sin ninguna dificultad y llegó a entablar con ella conversación para preguntarle por una ubicación.

El TSJA ha remitido el caso a la Fiscalía provincial para que esta determine si la trabajadora incurrió en un delito penal contra la Seguridad Social, ha abierto otra causa para estudiar qué multa por temeridad le impone y la Seguridad Social deberá decidir si le reclama las prestaciones indebidas cobradas durante esos 16 años.

Los hechos se remontan a 2003, cuando la mujer, que por aquel entonces trabajaba como cajera de un supermercado, es atacada por una clienta. Ello le genera un estrés que deriva en un cuadro psicótico y a raíz del mismo pierde el habla. Es por ello que la revisan los médicos de la Seguridad Social y le conceden una incapacidad permanente absoluta (IPA), por la que cobra una prestación. Como es un accidente laboral, es la mutua que tenía contratada la empresa quien se hace cargo del coste de dicha prestación.

Transcurren los años y desde la mutua deciden revisar su caso y los médicos privados de la misma ven indicios de que la trabajadora podría estar incurriendo en un fraude. En el informe pericial aportado por estos y citado en la sentencia del TSJA, compartida en redes sociales por el abogado Pere Vidal, los facultativos privados destacaron que desde 2009 la mujer acudía al oftalmólogo y desde 2013 al traumatólogo y dermatólogo "sin que en ningún momento se describan limitaciones de la comunicación o conducta". 

Contratan a un detective privado

Ante dichas sospechas, la mutua decidió contratar a un detective privado para que siguiera a la trabajadora. Una práctica habitual entre las mutuas, si bien las pruebas aportadas por dichos detectives no siempre son aceptadas como lícitas luego en los tribunales si el despido o el caso se judicializa.

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En este caso, el investigador privado detectó que la supuesta muda podía mantener conversaciones fluidas. "Se relaciona y conversa con normalidad con las personas de su entorno, lleva a su hija al colegio donde conversa con las demás madres , habla por su teléfono móvil, acude a comercios y conversa con normalidad con sus acompañantes", según dan por cierto desde el TSJA.

El detective contratado por la mutua también pudo entablar él mismo conversación con la trabajadora de baja, cuando la abordó, sin identificarse, por la calle y le preguntó por una dirección. "En efecto ha quedado acreditado una simulación del cuadro de pseudomutismo, o al menos una progresión o evolución muy favorable de tal cuadro pues ha desaparecido la sintomatología inhibida", sentencian los magistrados.

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La trabajadora que simuló su mutismo, al menos durante parte de su baja, presentó recurso y alegó que las pruebas recopiladas por el detective debieren ser anuladas por constituir una "clara vulneración de los derechos constitucionales". Lo que rechazan los magistrados, ya que consideran que no está probado "en qué medida el informe puede vulnerar el derecho de defensa o de intimidad u honor de las personas, al captarse imágenes y audios en la vía pública que se hallan en directa relación con el objeto de la pericia".