Bruselas considera ilegal el laudo que obligaba a España a pagar a Antin por el recorte de las renovables en 2013

La Comisión Europea ha ordenado a España a no pagar "ninguna indemnización" basada en el laudo arbitral que le condenó en 2018 a compensar el recorte en las ayudas a las renovables al fondo luxemburgués Antin. Según el comunicado remitido por Bruselas, la investigación, iniciada en 2021 por la Comisión, ha concluido que dicho arbitraje constituye una ayuda de Estado ilegal.

En su comunicado, se explica que la aplicación, pago o ejecución del laudo arbitral, así como el principio general de autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión Europea "no puede considerarse compatible con el funcionamiento del mercado interior". Si bien constata que el laudo arbitral constituye en sí una subvención, "no se ha pagado efectivamente ninguna ayuda estatal y no procede su recuperación". Por este motivo, continúan, "España debe seguir resistiéndose a los intentos de ejecutar el laudo, además de no pagar voluntariamente por él".

Bruselas han pedido a España "que se asegure de que no se produzca ningún pago, ejecución o ejecución del laudo arbitral" y han subrayado "la obligación de los jueces nacionales de ayudar a España a garantizar el cumplimiento" de la decisión, "incluso tomando las medidas oportunas" para evitar que se reconozca el laudo en terceros países.

Un caso de 2013

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha explicado en un comunicado que esta es la primera decisión de Bruselas sobre los arbitrajes de renovables en los que España se enfrentó a inversores internacionales que consideraron ilegales los recortes a primas a las renovables de 2013 aprobados por el anterior Gobierno. El Gobierno destaca que la conclusión de este caso, tramitada como "piloto", respalda la posición española. Hasta ahora, agregan, España no había abonado "cantidad alguna" por los distintos laudos dictados a la espera de que finalizasen los análisis. Vistos los resultados, el país invocará esta decisión en las distintas jurisdicciones extranjeras en donde el Estado se está oponiendo judicialmente al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeuropeos.

La Comisión Europea inició una investigación del caso en julio de 2021 tras el reconocimiento por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a Antin del derecho a una indemnización de 101 millones de euros por la modificación del régimen de ayudas a las renovables. Las dudas de Bruselas se enfocaron en la conformidad del arbitraje con los principios de confianza mutua y autonomía del Derecho de la Unión Europea, por entender que el arbitraje entre inversores y Estados socava el sistema de recursos legales previsto en los Tratados de la UE para resolver esos litigios cuando se aplica entre países miembros. Los servicios comunitarios también analizaron si el fallo podía generar además discriminación entre los inversores en función de su nacionalidad y su capacidad de recurrir al arbitraje internacional, ya que los inversores españoles no tienen la posibilidad de interponer una acción ante un tribunal de arbitraje.

51 ARBITRAJES CON RECLAMACIONES POR 10.635 MILLONES

Según los datos aportados por el Ministerio, al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, los inversores internacionales han presentado 51 arbitrajes contra España por los recortes aplicados a las renovables. En total, las reclamaciones suman 10.635 millones de euros.

De los 51, hay 43 casos sobre los que ya existe una decisión judicial y España ha ganado una decena. Quedan otros ocho pendientes de laudo, tres fueron anuales y los demandantes desistieron en otros tres. Del resto perdidos, según el Ministerio, España ha logrado que se revisaran a la baja las indemnziaciones en un 85% sobre la cantidad demandada.