La decisión de la editorial Anagrama de suspender de forma indefinida la difusión del libro ‘El odio’, del autor Luisgé Martín, en el que el asesino José Bretón confiesa el crimen de sus hijos de 2 y 6 años, ocurrido en 2011, está generando un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión, el derecho al honor de las víctimas y la ética en la industria editorial. A través de un comunicado compartido este jueves en redes sociales, el sello barcelonés anunció que respetará «la petición de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía de Menores para parar la distribución de la obra» y que, pese a la posterior denegación de la suspensión provisional por parte de un juzgado de Barcelona, opta por paralizar «voluntariamente» la distribución del libro «sine die». La previsión era que la obra llegase a las librerías este miércoles 26 de marzo. Sin embargo, tras la carta abierta de protesta emitida por Ruth Ortiz, la madre de los niños, y la petición de la Fiscalía, han sido muchas más las voces que se han posicionado en contra del libro, entre ellas el Defensor del Pueblo y la ministra de Igualdad. Por ello, aunque finalmente no ha llegado a comercializarse y solo ha sido leída por periodistas culturales que reciben con antelación las galeradas, la opinión más extendida es que revictimiza a Ortiz, víctima de violencia vicaria, y que haberla elaborado sin su consentimiento ni aviso previo no fue una decisión ética. De ahí la contundencia de la reacción social, con numerosas críticas dirigidas al autor y a la editorial. Consultado sobre el tema, el abogado cacereño Juan Ramón Corvillo explica que, según la legislación española, se plantea un conflicto de derechos fundamentales entre el derecho a la libertad de expresión y a la creación artística, regulado en el artículo 20 de la Constitución, y el derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de las víctimas y sus familiares, que corresponde al artículo 18, el cual está vinculado con la Ley Orgánica 1/1982, que protege a las personas frente a intromisiones ilegítimas, como la revelación de hechos privados que afecten a su reputación. Además, explica que el artículo 7.6 se refiere a la utilización del nombre, la voz o la imagen de una persona para fines comerciales sin su consentimiento. Corvillo considera que, en este caso, el derecho al honor y a la intimidad de las víctimas debería prevalecer sobre la libertad de expresión del autor. En este sentido, señala que la madre de los niños podría ejercer acciones legales «por el dolor derivado de la exposición pública de hechos ya juzgados, especialmente si se utilizan datos personales de la madre o de los niños». Desde la perspectiva penal, el abogado advierte que la participación de Bretón en este libro podría considerarse un delito de quebrantamiento de condena si tuviera impuesta alguna prohibición de comunicarse con Ruth Ortiz, aunque fuera de manera indirecta. Además, en el ámbito civil, existe la posibilidad de interponer una acción "por enriquecimiento injusto" si se demuestra que Bretón obtiene beneficios patrimoniales a costa del sufrimiento ajeno. Corvillo concluye que, actualmente, existen dos posibles vías legales: la civil y la penal. No obstante, subraya que para que se lleve a cabo cualquier acción judicial se requieren pruebas sólidas. En cuanto a la decisión de la editorial Anagrama de suspender la distribución del libro, entiende que responde a un criterio de «prudencia editorial». En Cáceres, los propietarios de distintas librerías exponen su postura sobre la publicación de la obra y apoyan la medida tomada por la editorial. María Vaquero, propietaria de la librería TodoLibros, reconoce el dilema entre la libertad de expresión y la ética editorial. Desde su punto de vista, considera que la obra no debería haberse concebido, aunque se muestra totalmente en contra de la censura. «La censura es censura, y creo que la libertad está en que cada uno decida si quiere comprarlo o no. Porque, después de esto, ¿qué más censuraremos?», se pregunta. Aun así, admite que, como madre, el contenido la afecta profundamente. Vaquero agradece la decisión de Anagrama, al considerar que evita que las librerías tengan que enfrentarse a un dilema complejo. Para ella, el autor ha podido cometer el error al implicarse emocionalmente y empatizar con un criminal de tal calibre, y cree que la editorial debió prever la reacción social ante un libro de estas características, ya que «no todo vale» a la hora de publicar. Por su parte, Toñi Moreno, dueña de la librería Espacio Lector Nobel, expresa un rechazo rotundo hacia la publicación del libro y subraya que, al tratarse de un tema tan sensible, la editorial ha tomado la decisión correcta. Para ella, el caso es tan «duro y cruel» que resulta inconcebible que se quiera sacar beneficio de una historia tan atroz. Moreno también apoya la decisión de Anagrama y afirma que, de haberse decidido a publicarlo, ella misma habría rehusado venderlo en su establecimiento. A nivel particular, sostiene que la acción de Bretón, asesinando a sus hijos con el objetivo de hacer daño a la madre, lo convierte en un «enfermo» que no merece ser protagonista de una publicación que «no aporta nada positivo y solo profundiza en una tragedia que no debería ser utilizada para generar lucro», afirma. María del Mar y María José Gil, al frente de la librería Pléyades, reflexionan sobre el impacto mediático que ha generado el caso, señalando que, a pesar de la gran publicidad en torno al libro, se desconoce el contenido real del mismo. Las dos hermanas reconocen el poder de la sociedad al movilizarse para evitar la publicación, lo que pone en evidencia la fuerza de la opinión pública. Pese al respaldo popular a la decisión de Anagrama, que ambas apoyan, muestran su preocupación por las implicaciones que esta censura puede tener y lamentan que, aunque la decisión fue justificada, el debate sobre qué debe ser censurado y qué no se ha reabierto.