El enfrentamiento PP-PSOE en el Congreso condiciona el presupuesto de Cáceres

Cuando parecía que el acuerdo entre PP y PSOE para sacar adelante los presupuestos de Cáceres era una realidad, a última hora de este jueves se produjo un giro de timón después de que durante la sesión de ayer en el Congreso de los Diputados PP, Vox y Junts rechazaran la norma conocida como ómnibus, que contenía medidas económicas y sociales como la revalorización de las pensiones con el IPC, la prórroga de las bonificaciones del transporte público, ayudas a afectados por la dana o la prohibición de desahucios de familias vulnerables.

El alcalde, Rafa Mateos, había confiado por la mañana, en una entrevista concedida a este diario, en la abstención del PSOE, grupo con el que llevaba semanas negociando los presupuestos de 2025 (prorrogados desde el 1 de enero). Esa negociación había llegado a tal punto que el PP había modificado su borrador presupuestario incluyendo en el nuevo medidas planteadas por la portavoz socialista Belén Fernández, como ayudas al alquiler y la mejora de la Línea 8 del autobús urbano.

En la misma mañana, Fernández, en conversaciones con miembros del gobierno, pedía un acuerdo de máximos en relación con el transporte público, exigiendo como condición sine qua non para su abstención, que el ejecutivo sufrague el bus hasta el 50% y alegando que no podía aceptar una carga tan elevada para los ciudadanos.

Desde el equipo de gobierno se hizo llegar a esa mesa de negociación que era inasumible la ayuda, porque las arcas municipales no podían soportar una carga del 30% que correspondía el Estado. 

«Había acuerdo y porque Pedro Sánchez haya perdido una votación, ellos se descuelgan», dijeron desde el PP. «No podemos contribuir a apoyar a partidos que buscan desestabilizar al gobierno de Pedro Sánchez», argumentaron desde el PSOE.

Lo que sí queda claro es que al cierre de esta edición el presupuesto seguía en el aire. En el PP lo daban por perdido. En el PSOE insistía en la corriente nacional: exigir el 50% de la subvención del transporte público.

Este viernes, a las diez, Belén Fernández comparece ante los medios. Dará a conocer su decisión definitiva. Y lo hará media hora antes de que a las 10.30 se celebre una sesión extraordinaria del Consejo Rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales en la que, precisamente, estaba prevista la aprobación de las ayudas al alquiler exigidas por los socialistas.

A las 11.30, el portavoz del gobierno, Ángel Orgaz, también ofrecerá una rueda de prensa. Si el PSOE no se abstiene en esa comisión, probablemente dirá que intentará seguir negociando, pero reiterará que Mateos continuará operando con su presupuesto prorrogado y que Fernández «ha faltado a su palabra». Desde el PSOE se insistía esta tarde que «no hay nada cerrado» y apelaba a su derecho «a la reflexión».

Hoy, el regidor, poco antes de que se desatara esta tormenta, se expresaba así: «Creo que va a haber presupuesto en la ciudad de Cáceres en los próximos días». El alcalde confiaba en que la negociación con el Partido Socialista fructificara y avanzaba que ya trabaja con los servicios administrativos para incorporar a las cuentas las peticiones que en materia de vivienda propone la portavoz del PSOE, Belén Fernández Casero.

Mateos indicó que el borrador inicial que presentó el gobierno municipal tuvo en cuenta «la sensibilidad del resto de grupos municipales, no solo del Partido Socialista sino también de Vox y Unidas Podemos». El mandatario local repitió la palabra «acuerdo» en varias ocasiones y subrayó que las cuentas incluyen apuestas importantes como el desarrollo industrial, «que preocupaba mucho al Grupo Municipal Socialista», y el refuerzo de la Línea 8.

Sin embargo, una de las demandas fundamentales del PSOE es la vivienda. Mateos apuntó que es un debate muy presente en la política nacional, pero no escurría su responsabilidad. «Cada uno en su ámbito tiene que poner soluciones encima de la mesa», aseveró el alcalde. En este sentido, se comprometió a aportar suelo para la construcción de casas y poner a disposición de la administración autonómica parcelas donde la Junta pueda desarrollar viviendas de protección oficial.

Ayudas al alquiler

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista «también demandaba ayudas específicas al alquiler» y para ello se ha generado «una partida inicial de 50.000 euros». Eso sí, «habrá que definir la letra pequeña de esa gestión» en función de parámetros como la renta o las circunstancias familiares. «Sí he adquirido un compromiso con el PSOE para que una vez que tengamos definida esa letra pequeña, se pueda hacer una modificación de crédito para ampliar esa partida inicial de 50.000 euros dentro de los recursos que tengamos en el propio ayuntamiento».

Un problema acuciante

Mateos reconoció que su gobierno «es consciente de que la vivienda es uno de los problemas, sino el más importante, que tiene en Cáceres la gente joven». Comentó que se trata de «personas que se quieren emancipar y que si se quiere retener población y talento, además de pedir a las empresas que contraten a jóvenes formados en Extremadura hay que facilitar que esos jóvenes que se quieren quedar o que se quieran en esta ciudad tengan su forma de desarrollar su proyecto de vida y de emanciparse de su padres». Ante esta situación, el regidor se comprometió a crear «buenas medidas que puedan beneficiar la bajada de alquileres».

Eso sí, el jefe del Ejecutivo hizo una reflexión sobre qué consecuencias ha tenido para el mercado inmobiliario la aprobación de la Ley de Vivienda a nivel estatal. «Creo que lejos de abaratar el precio, lo que ha hecho precisamente es lo contrario: tensionar aún más el mercado del alquiler», sentenció.

Y añadió: «Sé que desde el Gobierno central lo que se está intentando es echar la culpa a los ayuntamientos, mayoritariamente gobernados por el Partido Popular, de la tensión en el mercado de vivienda, y nosotros lo que estamos haciendo es poner medidas que faciliten la generación de mayor construcción de vivienda, pero también el resto de administraciones tienen que actuar y de manera muy especial, el Gobierno central».

No obstante, la concesión de ayudas al alquiler es la solución más inmediata que propuso Mateos. A ello se une la construcción de vivienda, pero «una promoción nueva tarda tres en cuatro años». De ahí la necesidad, concluyó, de buscar medidas «que a medio y corto plazo» beneficien a los ciudadanos.